En el lugar de los hechos fue encontrada una menor de edad de 10 años con heridas causadas por arma de fuego, como resultado del conflicto interclanes, también según las víctimas, una bebé de 9 meses habría fallecido hace tres días por deshidratación.
En desarrollo de una operación militar, tropas del Gaula Militar Guajira y del Batallón de Infantería N.° 6, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron el rescate de 17 integrantes de una comunidad indígena que permanecían privados de la libertad, presuntamente como consecuencia de un conflicto interclanes, en zona rural del municipio de Riohacha, La Guajira.
De acuerdo con la información suministrada por sus familiares mediante las denuncias presentadas ante las autoridades, las víctimas permanecían confinadas desde el pasado 14 de junio. Durante ese tiempo, las familias estuvieron más de 8 días sin acceso a alimentos ni agua potable, situación que les ocasionó un severo estado de deshidratación.
Atendiendo la denuncia y en cumplimiento de la misión constitucional de proteger la vida, la libertad y los derechos humanos de la población civil, las tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron una operación que permitió ingresar de manera oportuna al lugar donde permanecían retenidas las víctimas.
Como resultado de la operación fueron rescatadas 17 personas, entre ellas 7 menores de edad, quienes se encontraban privadas de la libertad en la vivienda.
Durante la verificación, los soldados evidenciaron que dos de los menores presentaban un delicado estado de salud, de inmediato, los enfermeros de combate brindaron atención prehospitalaria a los menores y coordinaron su traslado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.
En el lugar también fueron halladas dos armas de fuego con su respectiva munición, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar las investigaciones y el proceso de judicialización correspondiente.
El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección de la población civil, la defensa de los derechos humanos y el trabajo articulado con las demás instituciones del Estado, para salvaguardar la vida, la libertad y la seguridad de los habitantes del departamento de La Guajira.